LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN PARA CONSTRUIR VIVIEN
DAS
Otro muerto por la represión en Ledesma
Los participantes de la toma celebraron la decisión del gobernador, aunque la consideraron insuficiente. Repudio de la Rosada. Postergan internas del PJ y la UCR.

La Casa Rosada repudió los “hechos de violencia”, le reclamó a la Justicia “que de forma inmediata se investiguen y esclarezcan”, y pidió que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida”, en referencia a Samman, que firmó la orden de desalojo el último día antes del comienzo de la feria judicial. “Este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos y nunca ha criminalizado la protesta social”, subrayó el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El secretario del Interior jujeño, Hugo Echavarri fue designado ayer provisoriamente a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia que ocupaba el renunciante Pablo La Villa, responsable de la policía hasta el jueves. Las juntas electorales del PJ y de la UCR locales, en tanto, resolvieron postergar para el 7 de agosto las internas previstas para el domingo.
El fondo
El mismo jueves, después de la represión, cientos de familias volvieron a instalarse en los terrenos de producción de caña de Ledesma. Ayer fueron liberados los últimos detenidos, informaron desde la CCC. La jueza Carolina Pérez Rojas, sin embargo, aclaró que cuatro de los internados estaban detenidos. Fuentes de la CCC y del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma) contaron a Página/12 que participan de la toma desocupados pero también docentes, municipales, profesionales y hasta empleados del ingenio. Julio Gutiérrez, de Capoma, relató que incluso mujeres de policías se manifestaron al anochecer para que se esclarezcan los hechos, pero también por el reclamo de fondo.“Los ocupantes volvieron con sus carpas. Son alrededor de quinientas familias, aunque la cifra fue creciendo. Se van turnando”, explicó Mariana Vargas, abogada de la CCC en Jujuy. “La gente estuvo feliz cuando supo del proyecto (de expropiación), aunque también está claro que con quince hectáreas no alcanza para resolver el problema de vivienda”, explicó. Según un empadronamiento que la organización puso en marcha el año pasado, en el que hubo inscripciones hasta los últimos días, “hay más de mil familias con problemas de vivienda”, calculó. “También hay que tener en cuenta que cuando las quince hectáreas estaban ocupadas vino gente que se instaló en terrenos cercanos y los empleados de seguridad de Ledesma vinieron con camionetas y los sacaron carpiendo”, agregó.
La empresa Ledesma, propietaria de 130 mil hectáreas, difundió ayer un comunicado para aclarar que “donó a la provincia de Jujuy cerca de 200 hectáreas para urbanizar y construir viviendas”. Los Blaquier aseguraron que “son totalmente falsos los rumores que buscan asociar a la empresa” con el operativo policial. “Ni el personal que cumple funciones de vigilancia ni sus vehículos participaron del desalojo”, escribieron. Desde la CCC informaron que en la represión participaron policías uniformados y de civil, mientras que los empleados de seguridad de Ledesma, que en los días previos recorrieron el campamento en cuatriciclos, “estaban mientras se reprimía y miraban como si fuera una película”.
“Esta violencia indigna. Lamentablemente la historia de violencia y represión vuelve a repetirse en la provincia”, expresó el párroco de La Quiaca, Jesús Olmedo. El titular de la Pastoral de Desocupados jujeña calificó de “injusto” y “descabellado” el operativo policial, explicó que los ocupantes son personas “desesperadas” que necesitan tierras para “levantar su ranchito”, y reclamó que se aclaren “de modo urgente” las responsabilidades por la represión. “Acá todos se lavan las manos. Los jueces le echan la culpa al poder político, el poder político a los jueces”, describió, y sugirió que estos hechos “indignantes” ocurren cuando “llamativamente se unen los poderes económicos y políticos”.
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